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Durante años la violencia de género fue considerada como un problema de ámbito familiar y catalogada como “crimen pasional”. Esta tuvo que esperar muchos años, concretamente hasta diciembre de 2004, para que se aprobara una ley para combatirla: La Ley Integral contra la Violencia de Género.
En los últimos años de los años 90, diferentes asociaciones de mujeres que trabajaban con víctimas plantearon la necesidad de que hubiera una ley específica contra este tipo de violencia. Durante la campaña electoral del año 2000, el candidato de aquel entonces, José María Aznar, asumió la propuesta de poner en marcha una ley integral en el caso de que gobernara.
Asimismo, el PSOE inició el trabajo de elaboración de una proposición de ley integral contra la violencia de género en el que participaron expertos de distintos ámbitos, desde el jurídico hasta el educativo y sanitario, además de contar con la experiencia de grupos y movimientos que llevaban muchos años luchando contra la violencia de género.
Entre todas estas medidas, se pedía concretamente crear la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con rango de Secretaría de Estado. La moción que presentó el PSOE por aquel entonces fue rechazada, pero el Grupo Socialista presentó en el Congreso su proposición de ley orgánica integral contra la violencia de género.
Aquel debate se celebró el 10 de septiembre de 2002 y obtuvo un total de 165 votos en contra y 151 a favor. Debido a ello, organizaciones de mujeres constituidas en red de organizaciones feministas presentaron una campaña pidiendo esa ley integral contra la violencia de género.
Así que, finalmente esa ley llegó: el 28 de diciembre del 2004 nació la ley organiza de medidas de protección integral contra la violencia de género, una ley que nació con el consenso de todo el arco parlamentario y con un propósito: proteger a las víctimas de malos tratos, perseguir a los maltratadores, prevenir y erradicar este tipo de violencia y convertirla en un problema social a denunciar y con el que acabar.
